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ONU sanciona a Ecuador y Nicaragua por forzar a niñas a ser madres
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El Comité de Derechos Humanos de la ONU condena a Ecuador y Nicaragua por violar derechos humanos de niñas forzadas a la maternidad; exige reparaciones.
El 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un fallo histórico contra Ecuador y Nicaragua por la violación de derechos humanos de tres niñas víctimas de violencia sexual, quienes fueron forzadas a ser madres al negárseles el acceso al aborto seguro.
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La sentencia exige la reparación integral y ordena a los Estados modificar sus legislaciones para garantizar la salud reproductiva.
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El caso fue impulsado por el Movimiento «Son Niñas, No Madres«, que trabaja para erradicar las maternidades forzadas en niñas latinoamericanas.
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Caso Ecuador
‘Norma’, cuando tenía 13 años quedó embarazada como resultado del incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente violó a otras niñas de la familia y fue denunciado a las autoridades por esos delitos.
“En Ecuador, el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas”, relata la ONU.
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Norma se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz a un niño nacido del incesto.
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A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.
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Según el fallo, negar servicios de salud reproductiva perpetúa estereotipos de género y constituye discriminación.
Además, la ONU insta a eliminar barreras al aborto y a capacitar a personal médico y judicial en atención integral.
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Según el Movimiento «Son Niñas, No Madres», América Latina enfrenta una crisis de salud infantil: el 20% de los embarazos en niñas menores de 15 años es resultado de violación.
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La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes de la región, según la OPS.
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Ecuador deberá implementar de inmediato políticas públicas para evitar que más niñas enfrenten embarazos forzados, con medidas que incluyan acceso al aborto seguro y reparaciones específicas para las víctimas.
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“Las tres niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, particularmente a esta temprana edad, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza.
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Para el Comité, los embarazos forzados condujeron a la maternidad forzada y tienen sus raíces en la discriminación estructural e interseccional sufrida por las tres jóvenes sobrevivientes”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
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Este fallo, de acuerdo al Movimiento, marca un precedente global en la lucha por los derechos reproductivos y la protección de la niñez.
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PUNTO NOTICIAS
ONU solicitó al Gobierno investigar el caso de los cuatro niños y otras denuncias
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A través de un comunicado ONU-Derechos Humanos le solicita al Estado enjuiciar a los culpables y además, investigar otros casos en el país.
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La Organización Naciones Unidas, (ONU) solicitó al Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de presunta desaparición forzada tras su detención por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Guayaquil.
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En un comunicado, el organismo global “solicita enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de situaciones como esta, que representan una grave violación a los Derechos Humanos”, expresó el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
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La ONU cree que la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes. La Oficina recuerda que el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
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“La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, enfatizó el Representante de ONU-Derechos Humanos.
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Jarab subrayó, además, la urgencia de abordar otras denuncias de desaparición forzada que surgieron en el contexto de la visibilidad mediática de este caso, así como de adoptar todas las medidas necesarias para la no repetición.
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“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, añadió.
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El Estado debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de presunta desaparición forzada en Guayaquil, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición.
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La Oficina ratificó su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas y a la sociedad ecuatoriana, reiterando su disposición para brindar cooperación técnica al Estado.
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Asimismo, se compromete a promover la justicia racial en el actuar de los agentes del orden y a impulsar la prevención mediante la capacitación en Derechos Humanos.
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