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Daniel Noboa decreta estado de excepción en cinco provincias y tres cantones de Ecuador
El presidente Daniel Noboa decretó el 5 de noviembre de 2025 un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones de Ecuador, por la causal de grave conmoción interna. En estos lugares, el Gobierno ya había declarado la medida días atrás.
La declaratoria rige para Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, y los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi; Las Naves y Echeandía, de Bolívar.
El Decreto Ejecutivo 202 justifica el nuevo estado de excepción por los índices de violencia, delitos y la perpetración de ilícitos por grupos criminales en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y los cantones mencionados.
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La declaratoria de estado de excepción tendrá vigencia de 60 días. Y durante este tiempo, el presidente Noboa dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en los territorios antes mencionados.
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Esto permitirá a la Policía y Fuerzas Armadas realizar inspecciones, allanamientos y requisas con el objetivo de ubicar a integrantes de grupos armados, detalla el decreto ejecutivo.
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Con el estado de excepción también se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, que "pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita que dan lugar a esta declaratoria".
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El decreto 202 menciona varios hechos para justificar la declaratoria de un nuevo estado de excepción en estas provincias de Ecuador, como el asesinato en una gasolinera de Salinas, el 28 de octubre, o el asesinato de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas.
Además, menciona un informe de inteligencia, calificado como secreto, "desarrolla una conceptualización de estructuras criminales"
Primicias ec
Defensa de Jorge Glas denuncia que su traslado a la cárcel del Encuentro constituye un “acto de desacato” a las medidas de la Corte IDH
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El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado este lunes, 10 de noviembre de 2025, a la nueva megacárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. El presidente Daniel Noboa confirmó el movimiento en su cuenta de la red social X y acompañó el anuncio con fotografías del exmandatario.
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Tras conocerse el traslado, la abogada internacional de Glas, Sonia Vera, calificó el hecho como un desacato a las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concedió al exvicepresidente el 17 de octubre de 2025. Según la jurista, el Estado incumplió la orden que prohíbe su exposición pública y exige garantizar su integridad física.
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Vera afirmó que el traslado se realizó sin aviso previo a la defensa, sin informe médico y sin la intervención de la Mesa Técnica que debía coordinar cualquier cambio de reclusorio. Sostuvo que esto constituye una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los estándares internacionales que protegen a personas bajo custodia estatal.
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Para la defensa, la difusión de imágenes de Glas en prisión no fue un exceso comunicacional, sino un acto de Estado que compromete la responsabilidad internacional de Ecuador. Además, cuestionó el uso político del sistema carcelario en medio del proceso electoral y lo relacionó con prácticas de tortura psicológica institucional.
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La semana anterior, la Corte IDH negó un pedido de la defensa para trasladarlo a un hospital o permitirle cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.
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Jorge Glas permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
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300 presos trasladados a la cárcel del Encuentro
En esta jornada, el Gobierno trasladó a 300 privados de libertad catalogados como de ‘alta peligrosidad’ desde distintas cárceles del país hacia este centro penitenciario ubicado en la provincia de Santa Elena.
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“El crimen intentó desafiar al Ecuador y comenzar su campaña. Hoy, el Ecuador respondió con hechos”, publicó el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X, junto a fotografías que mostraban a reclusos vestidos con uniformes naranjas, rapados, sentados en fila con la cabeza agachada y rodeados por militares.
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Los traslados de presos desde varias cárceles del país comenzaron en la mañana, un día después de que se registrara la masacre de 31 personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
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Según la versión del ministro del Interior, John Reimberg, los ataques estuvieron relacionados con las reubicaciones de internos, pues los reclusos buscaban impedir esos movimientos dispuestos por el Gobierno.
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Punto Noticias