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Con el mínimo requerido, la Asamblea aprueba la reforma al Cootad con 77 votos
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La propuesta del Ejecutivo busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para que los municipios y prefecturas destinen el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública.
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Con 77 votos a favor, la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En la sesión estuvieron presentes 150 asambleístas al momento de la votación.
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La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%. Sin embargo, los gobiernos seccionales cuestionan esta propuesta. Señalan que estarían perdiendo autonomía y pondría en riesgo varios proyectos y programas sociales, cuyos rubros, en parte, están dentro del gasto corriente.
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Horas antes, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) y ex aliados del oficialismo anunciaron su rechazo y su voto en contra a la reforma al Cootad. Argumentaron que esta norma afectaba la autonomía de los GAD, su presupuesto y programas sociales.
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Radio Pichincha
Concejales de Guayaquil exigen pruebas al Gobierno de Daniel Noboa por el allanamiento a Segura EP
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El allanamiento y la toma de control de las instalaciones de Segura EP —ejecutadas la noche del domingo, 15 de febrero de 2026, por la Fiscalía y el Ministerio del Interior— generaron una reacción en bloque del Concejo Municipal de Guayaquil.
Este lunes, a través de dos comunicados distintos, los concejales sentaron su postura frente a las acciones del Gobierno Nacional, que habla de una presunta negligencia o colaboración con el crimen organizado tras los incendios registrados en la ciudad.
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Según la Fiscalía, "se conoció –por información reservada– que la Empresa Municipal de Seguridad estaría difundiendo información de carácter reservado de imágenes de las cámaras de videovigilancia a un servidor externo por confirmar".
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Respaldo a la Alcaldía y la autonomía
Uno de los pronunciamientos provino de un grupo de 12 concejales (la mayoría correístas), quienes ratificaron su respaldo al alcalde Aquiles Alvarez, actualmente bajo prisión preventiva, y a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.
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En el documento, las autoridades municipales calificaron el operativo como un "hecho grave" que vulnera la autonomía municipal. Según los firmantes, la irrupción en la empresa pública excedió la necesidad jurídica, configurando una "intromisión indebida".
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"Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración, lo que evidencia que no existía fundamento que justificara semejante despliegue", dice el comunicado.
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El texto advierte que el Concejo defenderá la estabilidad institucional y rechaza cualquier "mecanismo de presión". Este comunicado fue firmado por los correístas: Arturo Escala, Shirley Aldas, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín, Manuel Romero, también los concejales Alfredo Bautista (PSC), Ana Fuentes (PSC), Juana Montero (Suma) y Soledad Diab (PSC).
"Muestren las evidencias"
Por su parte, la concejala Cinthia García (PSC) emitió un pronunciamiento individual con un matiz distinto. Aunque criticó la forma de la intervención, sugiriendo que debió priorizarse el diálogo, se enfocó en la acusación lanzada por el Gobierno.
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El Ministerio del Interior ha sugerido que la información de las cámaras de videovigilancia podría haber estado al servicio de grupos delictivos.
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Ante esto, García exigió: "Debe establecerse una investigación seria para que esta hipótesis sea verificada o descartada para tranquilidad de la ciudadanía. Corresponderá al Gobierno en los próximos días mostrar evidencias que justifiquen esta decisión".
El origen del conflicto
La tensión escaló tras los incendios estructurales del 11 y 15 de febrero en el centro de Guayaquil. El ministro del Interior, quien lideró la intervención en Segura EP, cuestionó los tiempos de respuesta y el manejo de la información de seguridad.
Según el Gobierno, la intervención responde al incumplimiento de un acuerdo ministerial sobre el manejo de las cámaras y la coordinación con el ECU-911. La alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, rechazó estas aseveraciones, defendiendo la gestión local de riesgos.
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