El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), en representación de la familia de Mónika Silva, solicitaron a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación exhaustiva, independiente y diligente sobre la muerte de la activista.

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“Reiteramos que, de acuerdo con la autopsia médico-legal, Mónika fue víctima de asfixia mecánica, por lo que corresponde establecer el móvil, las circunstancias y las responsabilidades del hecho”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

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Las entidades sostienen que los resultados de la autopsia descartan la hipótesis de un posible suicidio, planteada inicialmente por el ministro del Interior, John Reimberg.

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“En calidad de defensa, hemos solicitado formalmente a la Fiscalía que reciba la versión del funcionario respecto de dichas declaraciones”, añade el pronunciamiento.

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Los abogados manifestaron que la investigación debe analizar tanto la hipótesis de un femicidio cometido en el ámbito íntimo o familiar como la posibilidad de un crimen relacionado con su labor como defensora de derechos humanos, activista anticorrupción, veedora ciudadana y denunciante de asuntos de interés público.

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En ese contexto, la defensa solicitó que se recepten las versiones de personas cercanas a Silva, así como la práctica de otras diligencias orientadas a identificar antecedentes y posibles situaciones de violencia que permitan esclarecer las circunstancias de lo que consideran constituye un crimen.