Tras concluir la quinta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a un desembolso de USD 394 millones para Ecuador.

Sin embargo, el informe técnico que sustenta esta decisión advierte que, pese a los avances en reformas fiscales, la inseguridad ciudadana se ha consolidado como un “riesgo” de alto impacto que amenaza con descarrilar el crecimiento y la inversión.

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El staff del FMI destaca que la situación de seguridad en el país es crítica. En el informe publicado este 22 de abril se señala que “los homicidios aumentaron un 30% en 2025, manteniéndose en un nivel históricamente alto”.

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El organismo multilateral subraya que la violencia no es uniforme, sino que está “altamente concentrada, con el 90% de los homicidios ocurriendo en las provincias costeras”, zonas que albergan a la mitad de la población nacional.

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Este fenómeno no es visto solo como un problema de orden público, sino como un lastre macroeconómico. En su Matriz de Evaluación de Riesgos, el FMI señala explícitamente que una “alta inseguridad reduciría la actividad doméstica, el turismo y los ingresos fiscales, además de disuadir la inversión a largo plazo”.