"Los principios de [una] buena Administración exigen que los beneficios financiados por los contribuyentes se proporcionen solo a las personas elegibles y no alienten ni recompensen la migración [irregular] a Estados Unidos", dice el documento dado a conocer por la Casa Blanca.

En ese sentido, el texto presidencial ordena a la secretaria del Departamento de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, y al de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como al comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, a "tomar todas las medidas razonables (...) para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas".

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Entre las medidas, precisa la orden, los funcionarios deben emprender "acciones de cumplimiento civil o administrativo contra los estados, localidades u otros beneficiarios o sub beneficiarios similares que no tomen las medidas adecuadas para verificar la elegibilidad".

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El documento también establece que la fiscal general, Pam Bondi, y el comisionado O'Malley deben ampliar el programa de fiscales generales especializados en fraude, asignando fiscales a al menos 50 dependencias antes de octubre de este año.

Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de establecer un programa similar en relación con Medicare y Medicaid, operando en al menos 15 fiscalías para la misma fecha.