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ECUADOR: Gobierno relaciona a José Eduardo C. V., procesado en caso Sinohydro, con investigación en contra de Granasa
- Punto Noticias
- 28 oct
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Un nuevo elemento investigativo rodea al caso Sinohydro. José Eduardo C. V., uno de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho, es relacionado por el Gobierno con una investigación de la Fiscalía sobre lavado de activos que involucra a la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los medios de comunicación Expreso y Extra.
Las “coincidencias” expuestas por la vocera del Gobierno
José Eduardo C. V. colabora como columnista de diario Expreso y también es abogado de Granasa que ahora está en una pugna frontal con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Lo que llama la atención es que el 23 de octubre de 2025, en una entrevista radial, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, advirtió de las “extrañas coincidencias” de la estructura del delito de lavado de activos con la del caso Sinohydro que investiga un delito de cohecho a través de una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Según la Fiscalía se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en coimas -aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra-, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Entre los 24 procesados en ese caso está el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, así como su amigo Conto Patiño y sus familiares, entre otras personas.
Pero ¿qué pasó con Granasa?
El 10 de septiembre de 2025, Gráficos Nacionales advirtió de la existencia de “una campaña de difamación” en su contra. Su pronunciamiento respondía a una publicación de La Posta, titulada: “Canillitas millonarios, un milagro express”.
Aparentemente, los “canillitas” como se conoce a las personas que venden los periódicos habrían servido de fachada para “canalizar” USD 5,6 millones a la cuenta de Granasa.
Un día después (11 de septiembre), en un boletín que llegó a los medios de comunicación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que había iniciado auditorías a 15 contribuyentes dedicados a la venta de periódicos al por mayor, “tras identificar inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”.
Las verificaciones preliminares evidenciaron que las ventas reportadas por esos contribuyentes no guardaban relación con el volumen de periódicos adquiridos. El análisis se hizo de los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
Es así que las compras realizadas por este grupo, reportadas por terceros, superaron los USD 5 millones, mientras que sus declaraciones presentaron ingresos inexistentes o montos mínimos.
Citaba, además, al exdirector del SRI, Damián Larco (hoy vocal del Consejo de la Judicatura), que advertía que estos hechos podrían configurar un presunto delito de defraudación tributaria, sancionado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de hasta 10 años de cárcel.
Cruce de palabras
La situación empezó a caldearse cuando el 15 de septiembre de 2025, durante una rueda de prensa convocada en la Gobernación de Cotopaxi por la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, llamó a José Eduardo C. V. “abogado con grillete”.
La reacción del abogado de Granasa fue inmediata que calificó de “insolente” a Jaramillo.
Enseguida, el 17 de septiembre, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), director general encargado del Servicio de Compras Públicas (Sercop) y del Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero, acusó a la empresa de supuestamente usar a “canillitas” como fachada para evadir impuestos.
Granasa reaccionó
En tanto, el 22 de septiembre, la empresa señaló en un video de Instagram titulado: “¿Por qué el Gobierno nos ataca?”, que todas las acusaciones son parte de “una campaña de desprestigio” en su contra, y que no tiene ningún sustento.
A través de un comunicado se indicó que la empresa estaba dispuesta a entregar toda la información que sea requerida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el marco de sus investigaciones por supuesta evasión tributaria.d
Lo que se aclaró es que la empresa no admitirá que un funcionario emita sentencias anticipadas con respecto a su conducta tributaria, y menos como un intento de intimidar al medio de comunicación.
Ahí explicaron cómo funciona el esquema de distribución de los medios que edita. Se indicó que los voceadores y distribuidores no son empleados del diario, son clientes independientes que compran los periódicos y los venden. En ese punto se aclaró que son ellos los que declaran mal sus impuestos y que eso no es responsabilidad de Gráficos Nacionales.
Operación ‘Fénix 294-Canillita’
Cuatro días después, el 26 de septiembre del 2025, a través del diario estatal El Telégrafo se conoció de la ejecución de la Operación ‘Fénix 294-Canillita’ por el cual se realizaron siete allanamientos a inmuebles en Guayaquil y el traslado de 11 personas para que rindan versión en la Fiscalía del Guayas en un caso que indaga un supuesto delito de defraudación tributaria.
Según los reportes económico-financieros, las supuestas “maniobras de evasión de impuestos” habrían causado un perjuicio de aproximadamente USD 600.000 al Estado ecuatoriano durante 2023 y 2024.
Otra investigación en contra de Granasa
También aparece una indagación previa por el presunto delito de lavado de activos en contra de Galo Eduardo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de los diarios Expreso y Extra.
El representante legal de Gráficos Nacionales habría sido convocado por la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión el próximo 28 de octubre.
De acuerdo con información preliminar, la indagación incluiría la revisión de movimientos financieros y operativos vinculados a presuntas irregularidades en la circulación y comercialización de medios impresos, donde incluso se habría mencionado la participación de “canillitas” en supuestas operaciones económicas no declaradas.
Entre los accionistas de Granasa está la Industrial Molinera de la familia Noboa
Además, en la Superintendencia de Compañías, Granasa tiene en su kárdex de accionistas a Teófilo Lama Pico, abuelo de Édgar Lama von Buchwald, quien actualmente se desempeña como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Además, por reiteradas ocasiones aparece Banco de Guayaquil (relacionado con el expresidente Guillermo Lasso), la familia Martínez, Otton Wong, y la Industrial Molinera C. A., de la familia del presidente Daniel Noboa.
En su información general, Granasa refleja un capital de USD 2,5 millones y de acciones USD 10.
La investigación que derivó en pugna con Granasa
La vocera del Gobierno comentó que Granasa utilizó a “canillitas” para evadir impuestos e introducir al sistema financiero nacional más de USD 5 millones.
Expuso que este caso derivó en una investigación que a la vez desencadenó una “batalla” de Granasa en contra del Gobierno.
A eso sumó las críticas a su gestión por parte del abogado José Eduardo C. V. que porta un “grillete electrónico” que para ella es una “medalla”.
El procesado en el caso Sinohydro dijo, en aquella ocasión, que el grillete lo lleva hace dos años y medio porque -en lugar de huir- se quedó para lo que él considera defender su prestigio.
Otros procesos de José Eduardo C. V.
José Eduardo C. V. tiene otros procesos que constan en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) de la Función Judicial por daños y perjuicios, uno de 2013 y otro de 2015.
Mientras, en la Fiscalía, él es el denunciante de un caso de perjurio y otro de abuso de confianza.
A su vez, fue abogado del expresidente Guillermo Lasso en el caso Pandora Papers.
Luego el nombre de Lasso se escuchó en el caso Encuentro, en el que fue sentenciado su cuñado Danilo Carrera, a 10 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada.
Las empresas del abogado
En la Superintendencia de Compañías, el nombre de José Eduardo C. V. aparece con la relación de varias empresas.
Una de ellas es Blueshore Bienes Raíces S. A., de la cual es gerente general desde abril de 2025.
Es accionista en Productora de Alimentos (Proalim) S.A. y de otras empresas. Sin embargo, llama la atención que fue accionista anterior en la sociedad extranjera
Hayden Consulting Inc. asentada en las Islas Vírgenes, consideradas un paraíso fiscal.
También fue apoderado anterior en sociedades extranjeras en Panamá, Estados Unidos y Costa Rica.
En el SRI, José Eduardo C. V. mantiene su RUC activo. La actividad económica principal registrada es de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (Derecho Constitucional, Administrativo, Militar, etcétera.
José Eduardo C. V. es abogado especializado en litigios comerciales y es fundador de Estrategias Legales que se dedica al desarrollo de casos complejos y de elevado perfil.
¿Dinero de la corrupción?
La Fiscalía señaló a José Eduardo C. V. como uno de los abogados que habrían recibido grandes sumas de dinero provenientes del entramado de corrupción relacionado con el caso Sinohydro del cual está pendiente la resolución del juez -que lleva el caso- en torno a si llama a juicio a 24 personas o sobresee. La diligencia fue convocada para el 13 de noviembre de 2025.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía, José Eduardo C. V. habría sido beneficiario de una decena de transferencias desde cuentas relacionadas con la familia de Conto Patiño.
Inicialmente, la Fiscalía rastreó una transferencia desde la cuenta en Panamá de Recorsa, empresa de Conto Patiño, por USD 1 millón. Entonces el abogado fue llamado a rendir versión, el 7 de febrero de 2023.
Cobro por asesoramiento y retiro de visa
Ante la fiscal del caso, dijo conocer a Patiño por más de 30 años y admitió que lo habría asesorado judicialmente entre 2005 y 2006. Por sus servicios como jurista habría cobrado “bastante dinero”.
Ese pago, según el ahora procesado, habría llegado atrasado ante las dificultades económicas de Patiño, por lo que la cuenta recién se habría saldado en 2011.
Agregó que el pago se hizo en Panamá, aunque sí fue declarado en Ecuador.
Como parte de la investigación, cooperación internacional de Panamá entregó más información de José Eduardo C. V. y se conoció que el abogado habría recibido USD 1,6 millones más a través de Anjes Finance, una empresa offshore en ese país.
En su momento, la defensa de José Eduardo C. V. dijo que los valores recibidos corresponden a honorarios profesionales legítimos por asesoría legal a Patiño.
Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos le revocó la visa en febrero de 2023 por presunta evasión de impuestos en paraísos fiscales.
Otras participaciones
En 2021, cuando estaba Lasso en la Presidencia -previo a viajar a Europa- le dio un poder a José Eduardo C. V., para que lo represente como abogado ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que presidía el legislador José Fernando Cabascango (Pachakutik) y que investigaba el caso de los Pandora Papers.
Ese caso surgió a raíz de una investigación periodística en la que Lasso apareció como expropietario de varias empresas offshore en paraísos fiscales, que afirmó haber vendido totalmente antes de 2017 en cumplimiento de la ley, aprobada en la época de Rafael Correa que impedía a los funcionarios públicos tener tales acciones en paraísos
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