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“Para nosotros, un policía es un enemigo”: la vida en una comunidad de migrantes en Texas que se siente “perseguida”
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Lidia y su familia se han ido encerrando en casa a medida que más vecinos son detenidos por policías locales o agentes migratorios. Antes caminaba una hora cada tarde, iba tranquila al médico, a hacer la compra o a llevar a su suegra a la iglesia. Ya no. Tampoco confía en la policía: si la chocaran, preferiría llegar a casa con el carro golpeado. Ella vive en Colony Ridge, un vecindario de inmigrantes a 40 minutos de Houston, que por años ha estado en la mira de políticos conservadores —incluyendo al gobernador de Texas, Greg Abbott— que lo consideran un “imán” para la inmigración indocumentada.
Desde que el republicano Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, para Lidia en su comunidad los detenidos pasaron de ser conocidos de alguien a ser sus propios vecinos y amigos. Cuenta que al papá de la familia que vivía en la casa de enfrente lo arrestaron y deportaron a El Salvador hace unas semanas; la vivienda quedó abandonada porque todos se marcharon. A la vecina de la esquina la chocaron en una vía cercana y la policía, en lugar de ayudarla, le pidió sus documentos migratorios y, como no tenía, la entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sus hijos de 13 y 20 años quedaron solos. A un amigo de su esposo también lo detuvieron, y Lidia nunca supo si logró probar un chivo que ella justo le había cocinado.
“Ahora uno ve un policía y va rezando: ‘Señor, hazme invisible ante el enemigo’. Ya no vemos a la policía y pensamos: ‘Estoy segura’. No. Ahora, para nosotros, un policía es un enemigo”, dice Lidia. Ese no es su nombre real. La inmigrante accedió a conversar solo usando un seudónimo porque tiene miedo a ser reconocida y detenida por las autoridades migratorias. Otros habitantes de esta comunidad prefirieron no contar sus testimonios por la misma razón.
Mientras hablaba, Lidia llamó por teléfono a una vecina cuyos hijos fueron detenidos tres días antes de Acción de Gracias en 2025: uno ya fue deportado a México y la otra ha estado encerrada desde entonces en un centro del ICE. “Nunca nos habíamos sentido así: perseguidos, hostigados”, asegura la hondureña, que lleva 13 años viviendo en Estados Unidos, 11 en Colony Ridge.
Y no solo habla por ella. Lidia cuenta que su ahijado de seis años llora si su madre no ha llegado a casa a las cuatro y quince de la tarde. “Ha oído que la policía se va a llevar a su mamá. Comienza a preguntar que dónde está. Es un trauma psicológico. Este señor [Trump] no ve lo que está haciendo. Los niños tienen derecho a sentirse en un ambiente seguro”.
En enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, los residentes de Colony Ridge caminaban por la calle o hacían la compra sin miedo. Pensaban que no podían ser detenidos porque no habían cometido ningún delito. En aquel entonces, creían las promesas de Trump, quien durante la campaña electoral de 2024 aseguró que deportaría a “lo peor de lo peor”, a los delincuentes. No se sentían aludidos.
Sin embargo, a medida que transcurrieron los meses y vieron a agentes del ICE, policías estatales y patrulleros de carreteras detenerlos por cualquier razón —por tener una luz trasera quemada, por llevar herramientas en el maletero del auto o simplemente por lucir hispano— ese sentimiento cambió. Hubo familias que optaron por dejar a sus niños en casa y otras que los mandaban en Uber a la escuela; vecinos estadounidenses comenzaron a hacer la compra por aquellos indocumentados; hubo también quienes vendieron sus terrenos o los traspasaron a familiares con estatus migratorio para no perderlos en caso de ser deportados.
En junio de 2025, Alejandrina Morales, una residente de esta comunidad, ya resumía el sentir del vecindario: “Sentimos que nos están cazando solo por tener cara de hispanos”. Su esposo fue detenido por agentes del ICE en su propia llantera y tras su liberación, dijo que nunca volvió a ser el mismo.
La visión conservadora sobre Colony Ridge
Los miembros de esta comunidad no la llaman Colony Ridge. Así la nombran los medios y el gobernador. Sus habitantes, en su mayoría familias de estatus mixto, hablan de las seis urbanizaciones en las que viven y que han sido habilitadas por la empresa Colony Ridge Land LLC desde 2013: Grand San Jacinto, la primera que existió; Santa Fe, Camino Real, Rancho San Vicente, Montebello y Bella Vista.
Son lotes de tierra a las afueras de Houston, al noreste de Texas, más baratos que en la ciudad, con conexión a servicios básicos y donde sus dueños pueden construir —con restricciones— viviendas o estacionar tráilers. Lidia vive en esta comunidad desde 2015. Recuerda que por años fue un lugar seguro, donde era normal ver a los niños jugar en la calle.
El miedo que ahora siente esta comunidad —asentada en un condado donde 33% de la población es hispana, según el Censo de 2024— tiene explicaciones de sobra. Junto a Florida, Texas es uno de los Estados más comprometidos con la política de detenciones y deportaciones masivas del presidente Trump. Según registros del ICE, casi 400 policías del Estado tienen acuerdos de cooperación con la agencia federal para entregarles la custodia de aquellos detenidos o arrestados sin estatus migratorio. Tres de esas policías sirven al condado Liberty, en el que está asentado Colony Ridge.
El propio gobernador Abbott se ha referido a esta comunidad como un “santuario” para inmigrantes indocumentados, un concepto que condena. También ha tomado acciones frontales contra ellos. En febrero de 2025 anunció por redes sociales que Colony Ridge sería “el objetivo” de una operación conjunta entre autoridades locales y federales para detener a inmigrantes: 118 vecinos fueron arrestados. Desde entonces, las calles de este barrio se ven como aquel día de febrero, unos días con más agentes y policías, otros con menos, pero siempre están patrullando.
Además, desde hace tres años, los indocumentados que viven en Texas, y en esta comunidad en particular, han sentido la sombra de la entrada en vigencia de una ley que permitiría a las autoridades estatales arrestarlos, detenerlos y deportarlos. Es la controvertida SB 4. La entrada en vigor de esta legislación —que ha sido descrita como una de las “más extremas” contra la inmigración— ha sido bloqueada por los tribunales en varias ocasiones. El último freno llegó la semana pasada, cuando un juez de distrito en Austin bloqueó algunas de sus provisiones por considerar que “entran en conflicto” con las agencias federales, las únicas responsables de hacer cumplir la ley de inmigración en EE UU. Ahora queda ver qué nuevas acciones judiciales tomará el Estado en su intento por ponerla en marcha.
Esta suma de realidades es la que hace que Lidia y la comunidad de Colony Ridge sigan añadiendo restricciones a la vida cotidiana: “Estamos atados de manos y pies ahorita, esperando que Dios nos cuide estos años”.
La “pesadilla” de la deportación
Lidia cuenta que en las conversaciones con sus vecinos hay un tema recurrente: el deterioro de la salud mental y física de muchos de ellos como consecuencia del estrés.
Ella es hipertensa. En una visita médica reciente, su doctora le dijo que tenía la presión arterial más alta de lo normal. Lidia le explicó que podía ser consecuencia de una mayor ansiedad y un miedo que no le permite dormir por las noches.
“Todos los días tengo pesadillas”, asegura. “He soñado que nos persiguen y que luego, cuando estamos en Honduras y queremos regresar, no podemos; que nuestros familiares no nos contestan el teléfono o que el teléfono no tiene grabados los números de la familia aquí”. A ella y a su esposo los sueños los han llevado a sus casas de la infancia, que ya ni siquiera son propiedad de sus familias.
Lidia dice que la familia no sabe qué hacer. Hay días en que ambos se despiertan con la certeza de que deben vender todas las propiedades que tienen en la comunidad y marcharse a México o a Honduras, de donde son originarios. Otros días sienten que deben quedarse y esperar a que pasen rápido los años de gobierno que le quedan a Trump.
Mientras se deciden, ella cuenta que seguirá apoyando a sus vecinos en lo que pueda. A inicios de año colaboró con una rifa de recaudación para comprar los pasajes de avión de tres niños que quedaron solos después de la deportación de sus padres. Recuerda que ha donado unas tres veces más, cuando puede.
Aunque han perdido mucho en estos meses, Lidia celebra que ese tiempo les ha dejado una ganancia: “Una comunidad que ha aprendido a estar más unida”.
Cleveland (Texas) - MAY 19, 2026 - 00:00 EDT
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