La tarde de viernes 17 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha dictado una suspensión de nueve meses contra el movimiento Amigo (Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades).

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Sin embargo, el dato más inquietante de esta resolución no es solo el tiempo de inhabilitación, sino que el proceso se ha blindado bajo un estricto “carácter reservado” que impide conocer, por ahora, las pruebas completas que sustentan la sanción.

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El juez principal del TCE, Juan Patricio Maldonado Benítez, emitió el auto de admisión este 17 de julio de 2026, señalando que la denuncia presentada por el Fiscal General del Estado (e), Carlos Alarcón Argudo, se fundamenta en una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos.

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Lo que genera mayor controversia es la imposibilidad de la organización política para ejercer una defensa pública inmediata. Según consta en el documento oficial del TCE, la denuncia se sustenta en un “procedimiento de carácter reservado”.

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Esta condición es tan determinante que el tribunal ha decidido suspender los tiempos procesales hasta que dicha reserva sea levantada.

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En palabras del juez Maldonado Benítez, una vez que se “supere el carácter de reservado que reviste la investigación Nro. 170101826072291 podrá instaurarse un proceso público”. Solo en ese momento, el movimiento podrá contestar a los cargos en una audiencia oral de prueba y alegatos. Mientras tanto, la sanción de nueve meses ya ha entrado en vigor.