El gobierno del presidente Daniel Noboa insiste en proyectar una victoria táctica frente al crimen organizado en Ecuador, destacando que la captura de los denominados “capos invisibles” ha permitido reducir en un 35% las extorsiones en Quito y Guayaquil, además de sostener una baja del 30% en homicidios durante el reciente toque de queda.

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Sin embargo, las declaraciones de Noboa son contrarias a la radiografía del informe Latinobarómetro sobre la percepción de los ecuatorianos ante la inseguridad. Según la empresa, un 60 % de la ciudadanía sostiene que el Estado está perdiendo la batalla contra la delincuencia y un 25% percibe el conflicto como una guerra imposible de ganar.

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Así, mientras la Administración Pública resalta la ejecución de 858 operaciones y la incautación de dos toneladas de droga en Guayaquil como pruebas de un modelo exitoso enfocado en golpear la cúpula criminal, el estudio de Latinobarómetro revela que el 47% de los ecuatorianos denuncia la presencia activa de bandas narcocriminales en sus propios barrios y un 70% vive con el temor constante de ser víctima de un delito.

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Además, los datos de Latinobarómetro muestran que la Policía Nacional apenas cuenta con un 24% de aprobación sobre su desempeño, mientras que el sistema judicial cae a un crítico 11%, instituciones que se encargan de liderar el Conflicto Armado Interno, declarado por Noboa desde el inicio de su gestión.

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Pese a que el Gobierno habla de la disminución de homicidios a escala nacional, la violencia se disparó en nueve provincias, destacando El Oro que elevó de 358 a 634 asesinatos entre enero y julio de 2025 y 2026. Esta tendencia al alza se evidencia en 79 cantones, encabezados por Machala, que aumentó de 159 a 280 muertes violentas en apenas 12 meses.

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El repunte se extiende a localidades clave como Pasaje, Lago Agrio, Montecristi y Santa Rosa, además de afectar a provincias de la Sierra, Costa y Amazonía como Azuay, Santa Elena y Sucumbíos.