La Unión Nacional de Educadores (UNE) marchó este sábado 13 de junio hacia la Corte Constitucional para presentar una demanda pública de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045A, el cual introduce actividades complementarias en el cronograma escolar durante los fines de semana.

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Andrés Quishpe, presidente de la UNE, advirtió que la medida vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), las cuales establecen una jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

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Ante la polémica generada por esta medida, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, aseguró que las actividades sabatinas no constituyen clases regulares ni representan jornadas obligatorias para estudiantes o docentes, enfatizando que son de carácter estrictamente voluntario. Sin embargo, el texto íntegro del acuerdo desmiente esta premisa.

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El artículo 2 del documento determina explícitamente que la participación en estas actividades "será obligatoria para los estudiantes matriculados en todos los niveles educativos". En ese mismo artículo, la normativa impone que la asistencia, planificación, ejecución y registro de las jornadas "será obligatoria para el personal docente y administrativo" del sistema fiscal.

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Como mecanismo de retribución, el artículo 5 establece que los días laborados se compensarán mediante días libres a finales de diciembre o de manera consecutiva tras el período de vacaciones anuales.

A pesar de esto, la dirigencia de la UNE rechaza ese esquema, denunciando que el magisterio ya asume un promedio de 15 horas extras semanales sin remuneración. Los manifestantes sostienen que la verdadera intención del gobierno es legalizar la precarización laboral y evitar el pago de horas suplementarias.